Ecuador censurado
Publicado en DIARIO LA TERCERA de Chile
UN editor de opinión que se convierte en asilado político, tres directores (dueños del diario) condenados a tres años de cárcel, y la compañía que da vida al diario El Universo condenada a pagar 40 millones de dólares a Rafael Correa (no como presidente, sino como ciudadano) por una columna de opinión que a Correa no le gustó y por la cual afirma que se le injuriaba. Este es el panorama que enfrentamos hoy los ecuatorianos, luego de que la sentencia del juicio al diario El Universo se ratificara, en medio de un proceso penal cuestionado por su poca transparencia.
El precedente que este juicio instala, no sólo en el Ecuador, sino en la región, ha sido analizado internacionalmente por diarios como el New York Times, Miami Herald, El País de España, entre otros, así como por la Asociación Internacional de Prensa (SIP), organismos de derechos humanos (Human Rights Watch) y un sinnúmero de observadores que ven con preocupación cómo se deteriora la prensa ecuatoriana frente al poderosísimo presidente.
La idea de que a los medios de comunicación hay que penalizarlos ha sido instalada, junto con una figura que es aun más negativa, la denominada relación de "coadyuvantes" que tendrían, por ejemplo, los directores del diario al publicar una columna de opinión, instalando así prácticas de censura previa que van en contra de las libertades más básicas de la prensa. Hoy son los organismos internacionales y la comunidad internacional los que deben rechazar con mayor fuerza y claridad este tipo de acciones, sobre todo porque quienes estamos escribiendo y mostrando una perspectiva crítica al gobierno actual no podemos hacerlo con miedo a ser penalizados, juzgados o encarcelados. La mala relación del gobierno de Correa con los medios de comunicación se ha ido acentuando e institucionalizando. Recientemente, por ejemplo, también se juzgó a dos periodistas que habían editado un libro sobre los supuestos contratos que el hermano de Correa habría tenido con el gobierno, y ante el cual Rafael Correa juzgó como injurias, siendo que el mismo hermano del presidente ha afirmado que Correa sí estaba al tanto. Sin embargo, los periodistas del "Gran Hermano" deben pagar un millón de dólares cada uno a Correa. Junto con ello, se está discutiendo en la Asamblea Nacional la nueva ley de medios, que incluye la idea de "responsabilidad solidaria", como la denominan los oficialistas (que quiere decir que los medios tienen responsabilidad sobre lo que sus periodistas y editorialistas opinan o escriben), así como el control de redes sociales, incluso la verificación de información previa a la publicación, lo cual implica que investigaciones que indaguen información (para que, por ejemplo, la justicia después investigue) no podrían ser publicadas porque no hay cómo verificarlas previamente.
Todo esto, sumado a un reciente cambio en la ley electoral que prohíbe a los medios de comunicación durante las elecciones influir a favor de un candidato, lo cual se puede interpretar de múltiples formas.
El precedente que este juicio instala, no sólo en el Ecuador, sino en la región, ha sido analizado internacionalmente por diarios como el New York Times, Miami Herald, El País de España, entre otros, así como por la Asociación Internacional de Prensa (SIP), organismos de derechos humanos (Human Rights Watch) y un sinnúmero de observadores que ven con preocupación cómo se deteriora la prensa ecuatoriana frente al poderosísimo presidente.
La idea de que a los medios de comunicación hay que penalizarlos ha sido instalada, junto con una figura que es aun más negativa, la denominada relación de "coadyuvantes" que tendrían, por ejemplo, los directores del diario al publicar una columna de opinión, instalando así prácticas de censura previa que van en contra de las libertades más básicas de la prensa. Hoy son los organismos internacionales y la comunidad internacional los que deben rechazar con mayor fuerza y claridad este tipo de acciones, sobre todo porque quienes estamos escribiendo y mostrando una perspectiva crítica al gobierno actual no podemos hacerlo con miedo a ser penalizados, juzgados o encarcelados. La mala relación del gobierno de Correa con los medios de comunicación se ha ido acentuando e institucionalizando. Recientemente, por ejemplo, también se juzgó a dos periodistas que habían editado un libro sobre los supuestos contratos que el hermano de Correa habría tenido con el gobierno, y ante el cual Rafael Correa juzgó como injurias, siendo que el mismo hermano del presidente ha afirmado que Correa sí estaba al tanto. Sin embargo, los periodistas del "Gran Hermano" deben pagar un millón de dólares cada uno a Correa. Junto con ello, se está discutiendo en la Asamblea Nacional la nueva ley de medios, que incluye la idea de "responsabilidad solidaria", como la denominan los oficialistas (que quiere decir que los medios tienen responsabilidad sobre lo que sus periodistas y editorialistas opinan o escriben), así como el control de redes sociales, incluso la verificación de información previa a la publicación, lo cual implica que investigaciones que indaguen información (para que, por ejemplo, la justicia después investigue) no podrían ser publicadas porque no hay cómo verificarlas previamente.
Todo esto, sumado a un reciente cambio en la ley electoral que prohíbe a los medios de comunicación durante las elecciones influir a favor de un candidato, lo cual se puede interpretar de múltiples formas.
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