Más universidad, menos intromisión
Publicado en Diario El Universo 
Publicado el 15 de Febrero del 2010 LINK
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Finlandia es un país con excelentes universidades estatales (tiene 46 de las cuales 6 están en el ranking “Academic Ranking of World Universities” que clasifica autónomamente a las mejores del mundo). En el 2009 el gobierno Finés decidió que para hacerlas más competitivas, mejorar la calidad académica y enfrentar retos financieros, las universidades debían pasar a ser privadas, dándoles así libertad para administrarse, fijar presupuestos, elegir alumnos, diversificar ingresos y depender cada vez menos del Estado. Esto no significa que el Estado se retira, sino que garantiza la inversión en áreas estratégicas y el acceso.
Al revés de esta experiencia, la propuesta de Ley de Educación Superior en Ecuador, pretende crear organismos del Estado, uno de planificación, regulación y coordinación interna y otro de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones y carreras. Es decir que el Estado está en todo y la acción de privados es limitada. No es casual que la evaluación realizada por el CONEA (del Estado y no autónoma), supuestamente para acreditar la calidad de las universidades, haya terminado por amenazar principalmente a las privadas, siendo que el proceso de evaluación, no consideró verdaderamente la calidad al no revisar el pensum académico, ni observar clases, ni la metodología de enseñanza. Lo que se busca sin duda, es aumentar la participación del Estado basada en supuestos obsoletos.
Un supuesto es que el mejor administrador de los recursos para la educación superior es el Estado y que para garantizar equidad y acceso éste debe proveer la educación (principio de las universidades estatales). Entre el año 1983 y 2007 Chile creó más de 50 universidades privadas. Lo más rescatable es que en menos de 10 años la matrícula que creció con mayor rapidez fue la de los chilenos más pobres que aumentó un 20%. Otro dato es que 7 de cada 10 universitarios son los primeros de sus familias en acceder a la universidad y el 50% de este grupo lo hace en universidades privadas y regionales. Todo esto nos indica la necesidad de aumentar y hacer más competitiva la oferta de universidades y carreras. El rol del Estado debe ser por un lado, el de garantizar la igualdad de oportunidades, entregando recursos a aquellos estudiantes que, teniendo las capacidades, no pueden acceder a la universidad por motivos económicos, (¿a través de becas? ¿a través de créditos? Ese es un debate que surge a partir de este punto, pero lo que hay que subsidiar es la demanda, no la oferta), por otro lado, dar libertad a las personas de escoger la institución donde quiera estudiar, sin importar si es del Estado o no, entregando las herramientas a los estudiantes para que tomen la decisión de qué carrera y qué universidad elegir. Finalmente, el Estado debe regular la forma de disminuir lo más posible las “asimetrías de información” que existen en este ámbito.
Otro supuesto es para garantizar la calidad de las universidades el Estado debe intervenir, limitarlas y decidir cómo se administran. La nueva ley de educación superior habla de una “autonomía responsable” (que es altamente limitante) y a su vez impone un “Co-gobierno” y les indica cómo deben administrarse bajo una excesiva reglamentación (234 artículos). Adicionalmente, subordina a las universidades a los objetivos del desarrollo (es decir a un plan de gobierno de turno lo cual siempre hay que evitar) y para rematar, el mismo Estado evalúa y acredita. Lamentablemente, las buenas experiencias internacionales como la chilena o finés, no se están considerando y se piensa ingenuamente que más Estado es lo que garantiza más oportunidades y calidad.
Al revés de esta experiencia, la propuesta de Ley de Educación Superior en Ecuador, pretende crear organismos del Estado, uno de planificación, regulación y coordinación interna y otro de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones y carreras. Es decir que el Estado está en todo y la acción de privados es limitada. No es casual que la evaluación realizada por el CONEA (del Estado y no autónoma), supuestamente para acreditar la calidad de las universidades, haya terminado por amenazar principalmente a las privadas, siendo que el proceso de evaluación, no consideró verdaderamente la calidad al no revisar el pensum académico, ni observar clases, ni la metodología de enseñanza. Lo que se busca sin duda, es aumentar la participación del Estado basada en supuestos obsoletos.
Un supuesto es que el mejor administrador de los recursos para la educación superior es el Estado y que para garantizar equidad y acceso éste debe proveer la educación (principio de las universidades estatales). Entre el año 1983 y 2007 Chile creó más de 50 universidades privadas. Lo más rescatable es que en menos de 10 años la matrícula que creció con mayor rapidez fue la de los chilenos más pobres que aumentó un 20%. Otro dato es que 7 de cada 10 universitarios son los primeros de sus familias en acceder a la universidad y el 50% de este grupo lo hace en universidades privadas y regionales. Todo esto nos indica la necesidad de aumentar y hacer más competitiva la oferta de universidades y carreras. El rol del Estado debe ser por un lado, el de garantizar la igualdad de oportunidades, entregando recursos a aquellos estudiantes que, teniendo las capacidades, no pueden acceder a la universidad por motivos económicos, (¿a través de becas? ¿a través de créditos? Ese es un debate que surge a partir de este punto, pero lo que hay que subsidiar es la demanda, no la oferta), por otro lado, dar libertad a las personas de escoger la institución donde quiera estudiar, sin importar si es del Estado o no, entregando las herramientas a los estudiantes para que tomen la decisión de qué carrera y qué universidad elegir. Finalmente, el Estado debe regular la forma de disminuir lo más posible las “asimetrías de información” que existen en este ámbito.
Otro supuesto es para garantizar la calidad de las universidades el Estado debe intervenir, limitarlas y decidir cómo se administran. La nueva ley de educación superior habla de una “autonomía responsable” (que es altamente limitante) y a su vez impone un “Co-gobierno” y les indica cómo deben administrarse bajo una excesiva reglamentación (234 artículos). Adicionalmente, subordina a las universidades a los objetivos del desarrollo (es decir a un plan de gobierno de turno lo cual siempre hay que evitar) y para rematar, el mismo Estado evalúa y acredita. Lamentablemente, las buenas experiencias internacionales como la chilena o finés, no se están considerando y se piensa ingenuamente que más Estado es lo que garantiza más oportunidades y calidad.
Publicado el 15 de Febrero del 2010 LINK
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